El directorio de ASOCOPE, Asociación de Cableoperadores del Ecuador, mantuvo una reunión con la Directora de ARCOTEL, Zoila Marlene Dávila Cabezas “para informarnos que la regulación que permitirá al organismo de control sancionar la piratería y a nuestro gremio ofrecer el servicio de IPTV sin ningún otro requisito al ser poseedores de títulos habilitantes; está incluida en la agenda regulatoria de este año”.

Como antecedente a este hecho, desde el año pasado la entidad ha tenido varios talleres para definir la nueva normativa y la semana anterior todos los operadores y gremios como,  ASETEL, ASOCOPE plantearon sus posiciones a ARCOTEL respecto a la piratería y la necesidad de acciones concretas del Regulador.

En el encuentro, Asocope estuvo representada por su presidente, el Magister en Telecomunicaciones Vicente Sánchez, con su Asesor Regulatorio, Carlos Poma, quienes respaldan las acciones de ARCOTEL por la legalidad de las Telecomunicaciones

“En este proceso, se van abriendo buenas posibilidades para el desarrollo de nuestros negocios con la nueva normativa” expresó Sánchez al concluir el encuentro.

Anteriormente, Asocope emitió un comunicado a la ciudadanía respecto a los servicios ilegales denominados IPTV, que es el siguiente:

“La Asociación de Cableoperadores del Ecuador lleva adelante una lucha contra la distribución ilegal de contenidos de televisión pagada y pone en conocimiento de la ciudadanía la importancia de contratar servicios de suscripción a través de operadores legalmente autorizados por el Estado Ecuatoriano.

“Un operador de televisión por suscripción legal en el territorio ecuatoriano cuenta con la respectiva autorización del Estado ecuatoriano para comercializar canales de televisión y por lo tanto, tiene contratos de distribución con los propietarios de los contenidos, es decir, con los canales internacionales que se pone a disposición del abonado.

“Los costos de la programación, la inversión en redes de telecomunicaciones, el pago al Estado de derechos por títulos habilitantes más el margen de operación, producen una tarifa que es competitiva en el mercado de acuerdo a la cantidad de canales y contenidos que el suscriptor contrata.

“Las personas y empresas inescrupulosas que ilegalmente comercializan contenidos a través de plataformas conocidas como IPTV u OTT no pagan los derechos por los contenidos, no tributan al Estado y aprovechan la infraestructura de los proveedores de Internet para entregar contenido a su grupo de suscriptores a precios irrisorios debido a que constituye un servicio completamente ilegal cuyos costos son nulos.

“Las aplicaciones de teléfonos móviles, televisores y receptores set top box empleados para entregar estos contenidos, generalmente constituyen dispositivos de captura de información sensible del suscriptor quien pone a disposición de empresas ubicadas en otra parte del mundo datos personales para ser utilizados de manera fraudulenta pudiendo ocasionar severos perjuicios económicos, tecnológicos o comerciales a los propietarios de la información.

“Los servicios ilegales al ser servicios que no están amparados por una normativa que los regule, no están sujetos a calidad de servicio o a garantía alguna de continuidad por lo que los suscriptores además de correr los riesgos antes descritos, reciben un servicio poco confiable e inestable cuando hay mucha demanda de clientes.

“Contratar servicios legales de televisión por suscripción, además de garantizarte un servicio confiable, ayuda al crecimiento económico del país y a mantener miles de puestos de trabajo de las personas involucradas en esta industria, así como la recaudación de impuestos que contribuyen y permiten al Estado, brindarte servicios públicos como la salud, la educación, la energía o el combustible, entre otros”.

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